Global Journal of Human Social Science, C: Sociology and Culture, Volume 21 Issue 5

los predios urbanos y rurales. La producción y gestión de la ciudad se mezcla con prácticas delictivas que en muchos casos son organizadas, mediadas y operadas por los mismos agentes del Estado, desde las mismas instituciones públicas como las municipalidades locales, así como por las formas de organización social reconocidas por el Estado en colusión con sujetos vinculados a lo delictual. En las urbes peruanas existe una relación profunda entre la práctica política y las actividades económicas delictivas como el tráfico de terrenos asociados con la violencia del crimen organizado, en que se encuentran coalicionados y vinculados diferentes actores y agentes, los cuales van desde las familias de bajos ingresos hasta familias de gran poder económico inmersos en el mundo inmobiliario, el Estado, instituciones del orden, agentes de comunidades campesinas, instituciones, organizaciones religiosas, personas naturales y jurídicas, familias, entre otras, que de manera estratégica tejen redes para hacer más efectivo la materialización de los procesos de enriquecimiento. Sin embargo, el fenómeno que hoy conocemos en Perú como tráfico de tierras se remite fundamentalmente a la forma cómo el Estado renunció su responsabilidad de resolver la problemática estructural de la desigualdad social y económica, y como parte de ello el acceso a una vivienda para la ciudadanía. El crecimiento intensivo de la ciudad en las últimas décadas debido al crecimiento exponencial de la demografía y los procesos de implementación de políticas neoliberales, fundamentalmente con el gobierno de Alberto Fujimori, contribuyeron a la mercantilización del suelo urbano y que se convierta en una mercancía (ficticia) (Harvey, 2007), cuya transferencia puede hacerse efectiva mediante la cultura del contacto, esto es, prácticas y hábitos de tejer lazos estratégicos bajo ciertos propósitos particulares y que tienen como base las redes parentales y de amistad que pueden cumplir el papel de intermediarios en el mercado ilegal de tierras. La implementación de las políticas neoliberales significó la consolidación de la noción propiedad privada y, bajo esos propósitos, el Estado implementó COFOPRI, mediante Decreto Legislativo N°. 80 3 6 6 Y en 2004, mediante Ley N°. 28391, el Estado designó a COFOPRI como órgano técnico de asentamiento de los gobiernos locales. Para el 2008, COFOPRI se convirtió en una institución encargada de formalizar sistemáticamente la propiedad urbana y rural a nivel nacional. Es en ese marco jurídico, el 28 de junio de 2008, mediante el Decreto Legislativo N°. 1089, se establece de manera excepcional y extraordinaria, un régimen temporal, extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, por un plazo de cuatro años, dirigido a formalizar y a titular, como interés nacional, predios rústicos y tierras eriazas habilitadas que hayan sido declarados así con anterioridad al 31 de diciembre del 2004. , como un organismo de carácter público y descentralizado, con la finalidad de que se encargue del diseño, la ejecución del programa de formalización de propiedad y de su mantenimiento dentro de la formalidad de los asentamientos regularizados; así como de la formalización gratuita de asentamientos humanos o de otras formas de posesión que en principio se consideró desde antes del 22 de marzo de 1996, pero luego se amplió hasta el 31 de marzo del 2001. La presencia de proyectos inmobiliarios ha implicado la disputa entre organizaciones delictivas vinculadas al tráfico ilegal de tierras en colusión con autoridades municipales y comunales. Si hacemos una comparación, entre el tráfico de terrenos promovido y organizado por sujetos que operan dese el poder municipal y el tráfico de terrenos promovido por dirigentes de asentamientos urbanos, puede resultar una primera diferencia: desde el primer nivel existe una mayor facilidad para su formalización que solo desde el segundo nivel. El tráfico de tierras es una práctica que compromete a una diversidad de actores y agentes: supuestos propietarios (incluida la comunidad campesina), autoridades municipales, COFOPRI, SBN y otros agentes del Estado, políticos, traficantes especializados, dirigentes de los asentamientos urbanos y los mismos pobladores que bajo el supuesto de reservar lotes para familiares luego destinan para la venta. En ese sentido, el tráfico de tierras, como práctica instituida, acoge una serie de tejidos sociales que penetran el propio comportamiento y hábito de las personas con intereses particulares asociados sobre todo al poder económico, generando formas de organización social urbanas más efímeras y proclives a fragmentaciones continuas. Además, a partir de su ingreso de estos traficantes al poder local, existe un manejo de todo el sistema de información municipal, así como la facilidad de los procedimientos de formalización de la posesión de los predios. Estamos frente a la relación de fenómenos de tráfico de terrenos, corrupción, clientelismo y criminalidad. Ya hemos descrito los hilos que lo conectan, así como los rasgos que los diferencian, tanto en relación con el poder como en sus mecanismos de funcionamiento. La red del tráfico de terreno articula agentes y actores, pero, al mismo tiempo, articula modos de delito, modos de ocupación, fuerzas de choque, comportamientos, reglas, lógicas y estrategias e intercambios económicos. Condicionan sistemas de vidas desiguales expresados en primer medida en la falta de acceso de servicios elementales de las urbes producidas en periodos de tiempos indefinidos con una alta permanencia de lo “provisional”. Así, el proceso de periurbanización no solo implica la transformación física de áreas agropecuarias, comunales o baldías en urbanas sino también una trama de redes entre agentes y una diferenciación entre Volume XXI Issue V Version I 82 ( ) Global Journal of Human Social Science - Year 2021 C © 2021 Global Journals Tráfico de Tierras en Áreas Periurbanas de Lima, Perú: Tipos e Implicancias Político- Institucionales y Socioculturales